Plataformas digitales en México
I. Introducción
La expansión de la economía digital plantea desafíos para la identificación de los sujetos obligados, la determinación de ingresos gravables y la supervisión de operaciones realizadas mediante plataformas tecnológicas. En México, las disposiciones fiscales y regulatorias para 2027 refuerzan los mecanismos de retención, documentación y acceso a información relevante para verificar el cumplimiento tributario.
El análisis distingue tres instrumentos jurídicos: la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2027 (LIF), que prevé reglas específicas de retención; la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos (Ley Digital), relativa a la adopción de medios electrónicos de pago; y el artículo 30-B del Código Fiscal de la Federación (CFF), referente al acceso a información fiscal en línea y en tiempo real. Sus ámbitos de aplicación y consecuencias deben examinarse separadamente.
II. Retenciones fiscales aplicables a plataformas digitales
A. Retención del Impuesto sobre la Renta (ISR)
De conformidad con el artículo 25, fracción VI, de la LIF 2027, las personas morales residentes en México o en el extranjero, con o sin establecimiento permanente (EP), así como las entidades o figuras jurídicas extranjeras que proporcionen, directa o indirectamente, plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas o similares, deberán efectuar la retención del ISR correspondiente a los ingresos que obtengan personas morales por la enajenación de bienes o la prestación de servicios mediante dichas plataformas.
La retención será del 2.5% sobre los ingresos correspondientes, sin deducción alguna. Cuando la persona moral no proporcione su clave en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), la retención será del 20%, en sustitución de la tasa anterior. Este supuesto debe distinguirse del régimen aplicable a personas físicas conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR).
Las plataformas deberán documentar los pagos y retenciones mediante los comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI) correspondientes; enterar las retenciones a más tardar el día 17 del mes siguiente; y proporcionar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) información de identificación, domicilio fiscal, cuentas receptoras, montos operados y, en servicios de hospedaje, ubicación de los inmuebles, conforme a los términos y plazos aplicables.
B. Retención del Impuesto al Valor Agregado (IVA)
El artículo 25, fracción IX, de la LIF 2027 establece obligaciones adicionales para intermediarios digitales comprendidos en el artículo 18-B, fracción II, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA), cuando cobren por cuenta de terceros la contraprestación y el IVA de las operaciones intermediadas.
- Retención del 50% del IVA cobrado a personas morales que enajenen bienes, presten servicios u
otorguen uso o goce temporal de bienes; 100% cuando no proporcionen RFC.
- Retención del 100% del IVA cobrado respecto de residentes en el extranjero sin establecimiento
permanente que enajenen bienes en territorio nacional, en los supuestos legales aplicables.
- Retención del 100% del IVA cuando las contraprestaciones de las operaciones se depositen en
cuentas bancarias o de depósito ubicadas en el extranjero.
- Entero de las retenciones, expedición de los comprobantes y presentación de información sobre
los participantes y operaciones intermediadas.
Para determinar las obligaciones aplicables resulta indispensable revisar la identidad jurídica del intermediario, la residencia fiscal de los oferentes, la ubicación de las cuentas receptoras y los flujos contractuales y financieros de cada operación.
III. Ley de Economía Digital: trazabilidad de operaciones
La Ley Digital fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de noviembre de 2026 y entró en vigor el 5 de noviembre de 2026. Promueve la utilización de medios digitales y electrónicos de pago, sin modificar por sí misma las tasas, bases gravables o deducciones previstas en la legislación tributaria.
A. Digitalización de pagos y trazabilidad financiera
La utilización de medios electrónicos de pago permite generar registros verificables de las operaciones y facilita su conciliación con CFDI, contabilidad y declaraciones. El acceso de la autoridad a información financiera permanece sujeto a las facultades y límites establecidos en la legislación aplicable.
B. Discrepancia fiscal e ingresos omitidos
La trazabilidad electrónica puede facilitar la identificación de diferencias entre ingresos declarados, erogaciones y movimientos financieros. Para personas físicas, dicha información puede resultar relevante en el procedimiento de discrepancia fiscal del artículo 91 de la LISR, siempre que se actualicen sus presupuestos. Para personas morales, las inconsistencias podrán examinarse conforme a las facultades de comprobación del CFF.
C. Sectores estratégicos y exclusividad digital
La Ley Digital contempla que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) determine los sectores y actividades en los que podrán establecerse medios digitales o electrónicos como mecanismos exclusivos de pago. Las excepciones por caso fortuito o fuerza mayor y los plazos de transición deberán observarse en los términos del ordenamiento y de las disposiciones generales que se emitan.
D. Definición de entidades y operación financiera
El ámbito de aplicación de la Ley Digital comprende determinadas entidades que realizan actividades financieras, incluidas sociedades mercantiles que otorgan créditos o financiamientos de manera habitual en los supuestos legales previstos. Las obligaciones sobre identificación digital, Expediente Digital Ciudadano y CURP Digital deberán atenderse según la actividad y las disposiciones de implementación aplicables.
IV. Artículo 30-B del CFF: acceso a información fiscal en tiempo real
A. Alcance de la obligación
El artículo 30-B del CFF establece que determinados prestadores de servicios digitales comprendidos en la LIVA deberán permitir a las autoridades fiscales, de manera permanente, el acceso en línea y en tiempo real únicamente a la información de sus sistemas o registros necesaria para comprobar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Su alcance no supone acceso irrestricto a información comercial o personal ajena a dicha finalidad.
B. Implementación tecnológica y gobierno de datos
El cumplimiento exige identificar los datos fiscales comprendidos en la obligación y establecer mecanismos de acceso, autenticación, disponibilidad, integridad y seguridad de la información, conforme a las reglas aplicables. La coordinación entre las áreas fiscal, jurídica y tecnológica es esencial para delimitar el acceso y documentar su funcionamiento.
C. Bloqueo temporal del servicio digital
El incumplimiento de la obligación de permitir el acceso fiscal puede dar lugar al bloqueo temporal del servicio digital en territorio nacional. Esta medida no opera de manera automática: la autoridad debe observar el procedimiento legal correspondiente, que contempla actuaciones y oportunidades para que el prestador atienda la irregularidad en los términos previstos por la legislación.
La eventual interrupción de la plataforma puede afectar operaciones, relaciones contractuales y continuidad del negocio. Por ello, resulta recomendable mantener controles preventivos, responsables internos definidos y protocolos para atender requerimientos e incidencias técnicas.
V. Consideraciones prácticas para las empresas
- Identificar la naturaleza de la intermediación y los sujetos que intervienen en cada operación.
- Revisar bases, porcentajes, documentación, entero y obligaciones informativas de las
retenciones de ISR e IVA.
- Mapear flujos de cobro y dispersión, particularmente cuando intervengan cuentas o entidades
extranjeras.
- Conciliar operaciones, CFDI, registros contables, pagos y declaraciones.
- Evaluar los mecanismos tecnológicos de acceso fiscal, integridad y confidencialidad de datos.
- Monitorear las reglas administrativas y los plazos de implementación aplicables.
VI. Comentarios finales
Las disposiciones fiscales y regulatorias analizadas reflejan una evolución en los mecanismos de supervisión y cumplimiento aplicables a las plataformas digitales en México. Su implementación exige revisar no solamente los esquemas de retención del ISR e IVA, sino también la identificación fiscal de los participantes, la trazabilidad de los flujos financieros y los mecanismos tecnológicos de acceso a información.
En este contexto, resulta fundamental que las empresas evalúen oportunamente sus modelos de intermediación, procedimientos de retención y sistemas de cumplimiento, a fin de identificar posibles contingencias fiscales y operativas. Particularmente, las obligaciones de acceso a información en tiempo real adquieren relevancia por las consecuencias que su incumplimiento puede representar para la continuidad de los servicios digitales.
En GRI Legal & Tax Advisory asesoramos a empresas en la identificación y evaluación de sus obligaciones fiscales, la revisión de estructuras contractuales y flujos de pago, así como en el diseño e implementación de mecanismos de cumplimiento y prevención de contingencias tributarias.
Nuestro enfoque comprende tanto el análisis preventivo de las operaciones como el acompañamiento jurídico ante procedimientos de fiscalización y controversias con las autoridades fiscales.